En caso de que el matrimonio tenga hijos menores de edad o incapacitados
Cuando se trata de un divorcio son varias las situaciones que pueden presentarse, una de ellas es la posibilidad de que la pareja que va a romper su vínculo matrimonial tenga hijos pero no tenga bienes comunes que sea necesario repartir.
El reparto de los bienes conjuntos suele ser uno de los temas más espinosos cuando se están negociando los efectos de un divorcio, incluso cuando se trata de un divorcio de mutuo acuerdo. En esta situación nadie quiere salir perdiendo y en la mayoría de las ocasiones las partes están dispuestas a todo para salir lo mejor parados posible.
No habiendo bienes comunes para repartir, la situación mejora mucho y es más fácil alcanzar un acuerdo entre las partes, evitando así costosos y largos litigios.
En caso de que el matrimonio tenga hijos menores de edad o incapacitados, es necesario establecer el régimen de guarda y custodia de los mismos. Se puede optar por una guarda y custodia monoparental, pero también se puede solicitar al juez o se puede acordar en el Convenio Regulador el establecimiento de un sistema de guarda y custodia compartida.
En caso de optarse por una guarda y custodia monoparental, se deberá establecer el régimen de visitas y de comunicaciones al que tiene derecho el progenitor que no ostenta la custodia.
Tratándose de hijos menores de edad, incapacitados o mayores de edad que sigan formándose y no dispongan de medios económicos para mantenerse ellos mismos, lo habitual es que el uso de la vivienda familiar se atribuya al progenitor con el que los hijos van a vivir de forma habitual. Incluso aunque se tratara de una vivienda alquilada o cuya propiedad perteneciera al 100% al otro progenitor.
Otro de los aspectos importantes a determinar es la cuantía de la pensión de alimentos. La pensión debe abonarse todos los meses y debe ser suficiente para cubrir los gastos esenciales de los hijos. Es decir, los relativos a alimentación, educación, ropa y atención médica.
La cuantía de la pensión se determina en cada caso concreto atendiendo a los recursos económicos del obligado al pago, las necesidades de los hijos y el nivel de vida del lugar en el que se reside.
Si hay un cambio significativo en las circunstancias, se puede llevar a cabo una revisión judicial del importe establecido para la pensión de alimentos. La jurisprudencia avala incluso la posibilidad de suspender temporalmente la obligación del pago de esta pensión en casos muy extremos.
En caso de que el divorcio produzca un desequilibrio patrimonial entre los ex cónyuges, la parte más perjudicada puede solicitar de la otra el pago de una pensión compensatoria. Este tipo de pensiones son una excepción hoy en día y en la mayoría de los casos suelen tener un carácter temporal.
Todas estas cuestiones pueden resolverse en un proceso de divorcio de mutuo acuerdo, elaborándose un Convenio Regulador con los acuerdos de las partes que luego se presentará ante el juez para su revisión, corrección si fuera necesaria y aprobación mediante sentencia.
Si el acuerdo entre las partes no es posible, deberá recurrirse a un proceso de divorcio contencioso.
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