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Divorcio Express

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¿Qué es el divorcio express?

Desgraciadamente, los matrimonios no siempre terminan como se desearía, es por este motivo que desde el año 2005 las parejas que desean divorciarse sin largas esperas pueden solicitar el divorcio express, ya que se trata de una modalidad mucho más rápida y ágil para poder disolver el matrimonio. Además de poder llevar a cabo los trámites mucho más rápido, los costes resultan mucho más reducidos.

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¿Cuáles son los requisitos para solicitar el divorcio express?

A la hora de tramitar un divorcio express es preciso cumplir con una serie de requisitos para poder llevar a cabo todo el procedimiento de manera satisfactoria, rápida, ágil y efectiva. En el caso de solicitar el divorcio express es necesario tener en cuenta que no todo el mundo puede acogerse a este trámite, ya que es preciso cumplir con una serie de requisitos indispensables para poder seguir adelante con el proceso.

En primer lugar, es necesario que se trate de un divorcio de mutuo acuerdo, es decir, que ambos cónyuges estén de acuerdo con iniciar los trámites de separación y deseen poner fin a su matrimonio. En el caso de que no exista acuerdo entre las partes será necesario tomar la vía más lenta y larga para proceder a disolver el matrimonio y seguir los pasos para llevar a cabo la ruptura matrimonial tradicional que se ha llevado a cabo hasta hace poco.

En segundo lugar, el divorcio express no deberá realizarse únicamente de mutuo acuerdo sino que, además, los cónyuges deberán estar conformes con los términos o condiciones que se pacten como, por ejemplo, la custodia de los hijos en común de la pareja, el uso y disfrute del domicilio familiar, el régimen de visitas a los hijos del matrimonio, la pensión alimenticia, el reparto de los bienes gananciales de la pareja, entre otros puntos.

En tercer lugar, será indispensable que hayan transcurrido al menos un mínimo de 3 meses desde que los cónyuges contrajeron matrimonio para poder solicitar la disolución matrimonial. En el caso de que se acredite la existencia de riesgo para la vida de uno de los cónyuges, la integridad física, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual del cónyuge que solicita la disolución del matrimonio o bien de los hijos de ambos, como resulta obvio, no será preciso esperar a que transcurra dicho plazo y se podrá solicitar la separación de manera inmediata.

En cuarto lugar, será necesario aportar toda la documentación, información y datos necesarios al abogado para que pueda proceder a tramitar el divorcio express. Será preciso aportar el certificado literal de matrimonio, el certificado de nacimiento de los hijos comunes, así como los certificados de empadronamiento de ambos cónyuges.

Y, por último, bien sean ambos cónyuges o bien uno de ellos con el consentimiento del otro, deberá solicitar el divorcio express. Dicha solicitud deberá ser acompañada con una propuesta de Convenio Regulador, donde consten todas las condiciones y acuerdos que se hayan pactado entre ambos cónyuges.

Es una modalidad de divorcio totalmente diferente al divorcio express. Logicamente, uno no puede estar casado de por vida por el mero hecho de que su pareja no le firme el divorcio...

Divórciate por poder. Muchos de nuestros clientes nos piden que tramitemos su separación o divorcio estando en provincias diferentes, incluso estando uno de ellos fuera de España...

El divorcio por mutuo acuerdo es exactamente lo mismo que el divorcio Express o el divorcio amistoso. Se trata del mismo procedimiento, que nace en el año 2.005...

La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la cual se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio es un ley que se amolda a los nuevos tiempos que se presentan y permite dar una rápida y efectiva respuesta a un hecho social que resulta más que evidente: convivir con la pareja cuando existe un conflicto permanente no tiene sentido alguno.

La Ley 15/2005, publicada en el BOE núm. 163 de 09 de Julio de 2005, establece que únicamente se requiere contar con el consentimiento de ambos cónyuges para que se produzca el divorcio express, sin ningún otro tipo de requisito, ya que el artículo 81 del Código Civil únicamente exige que hayan transcurso más de 3 meses desde que se celebrase del matrimonio de la pareja.

La gran ventaja que ofrece esta nueva ley, la gran ventaja que brinda la Ley 15/2005 de 8 de julio, es que los cónyuges no tienen que exponer ningún motivo concreto para terminar con el matrimonio, simplemente basta con afirmar que ambos desean separarse y no seguir conviviendo juntos como matrimonio.

Para poder llevar a cabo la disolución matrimonial se requiere contar con los servicios de un abogado y de un procurador. Únicamente será preciso aportar al abogado todos aquellos datos e información que se precisen para que el letrado pueda redactar cada punto del Convenio Regulador, documento en el cual se fijarán las condiciones particulares donde se va a regular la disolución del matrimonio.

Una vez que el procurador se encarga de presentar la demanda de separación matrimonial junto al Convenio Regulador redactado por el abogado en el juzgado que corresponda suelen transcurrir aproximadamente una media de unos 2 meses para la ratificación del mismo y varias semanas para que se dicte la Sentencia al respecto. Se debe señalar que dichos plazos son meramente orientativos ya que los mismos son diferentes en cada juzgado dependiendo de la saturación de éstos.

A pesar de todas las facilidades que ofrece la disolución matrimonial, no hay que dejar de tener en cuenta que no se trata de un proceso fácil ni tampoco agradable para los cónyuges que deciden terminar con su matrimonio. Es precisamente por esta razón que resulta clave que ambos cónyuges pongan todo de su parte para conseguir que la desunión matrimonial se consiga de forma rápida, ágil y, por supuesto, civilizada.

Divorcio

El divorcio no es otra cosa sino la disolución legal de un vínculo matrimonial, lo cual puede producirse según nuestra legislación a instancia de uno o de los dos de los cónyuges.

Para entender adecuadamente lo que es el divorcio, es conveniente explicar en primer lugar qué es el matrimonio desde el punto de vista legal.

Al margen de consideraciones sociales y religiosas, el matrimonio es una institución legal que genera un vínculo entre dos personas físicas, sean del mismo o de diferente sexo. Esta unión genera efectos tanto para la pareja que se casa como para terceros.

Del matrimonio nacen derechos y obligaciones como el deber de colaboración y auxilio mutuo entre los cónyuges, el deber de respeto recíproco, el deber de actuar en interés de la familia, el deber de guardarse fidelidad y el deber de vivir juntos.

El matrimonio genera ademas efectos patrimoniales, al dar lugar a la creación de una masa conjunta de bienes, ya sea porque se ha creado una sociedad de gananciales o porque los cónyuges casados en régimen de separación de bienes han adquirido un bien de forma conjunta. Son estos efectos patrimoniales los que más afectan a los terceros.

En el ámbito civil el matrimonio no es una unión indisoluble. Nuestro Código Civil establece que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio si han pasado un mínimo de tres meses desde que se contrajo matrimonio, eliminándose este límite temporal en aquellos casos en los que se acredite que existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge que presenta la demanda o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

Aunque en otros tiempos nuestra legislación establecía la obligatoriedad de alegar una causa para pedir el divorcio, hoy en día ese requisito ha desaparecido en aras de agilizar los procesos civiles y no es necesario que ninguna de las partes alegue ningún motivo ni la existencia de ninguna causa concreta para solicitar el divorcio.

El proceso de divorcio se inicia mediante la presentación de una demanda ante el órgano judicial competente. A su vez el divorcio puede ser contencioso o de mutuo acuerdo.

La ruptura del vínculo matrimonial va a producir la desaparición de los derechos y obligaciones derivados del matrimonio, pero también va a causar efectos a nivel patrimonial que afectan a los cónyuges y también a sus acreedores. Por eso es importante que la sentencia que dictamine el divorcio establezca los efectos que se derivan de la ruptura matrimonial.

Si es un divorcio contencioso el acuerdo entre los cónyuges es difícil y debe ser el juez el que regule todos los efectos que se derivarán del divorcio. Por el contrario, si se trata de un divorcio de mutuo acuerdo las partes presentan ante el juez un documento (convenio regulador) que es el que regula los efectos que se producirán una vez que se haya producido la disolución definitiva del vínculo matrimonial.

¿Qué aspectos fiscales tiene el divorcio?

¿Qué aspectos fiscales tiene el divorcio?

Como muchas de las resoluciones legales de las que puede ser objeto una persona, el divorcio posee ciertos aspectos fiscales que deben ser tenidos en cuenta de forma previa a la solicitud del mismo por parte de uno de los cónyuges o de ambos.

Al disolverse un matrimonio se disuelve también el régimen económico matrimonial pactado y se producen cambios en el patrimonio de ambas partes, lo que implica que debe haber un ajuste tributario.

De este modo, entre los efectos que el divorcio produce en el aspecto tributario tenemos que destacar en primera lugar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, así como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto sobre el Patrimonio. ¿Ahora bien, de qué se trata cada uno de estos aspectos fiscales?

El primero de ellos, el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, indica que luego del divorcio deberá realizarse una declaración de la renta con respecto a la situación familiar a día 31 de diciembre. Es decir, que si para esa fecha existiera una sentencia de divorcio firme, deberá cumplimentarse la misma con una declaración por unidad familiar, es decir, considerando a cada uno de los es-cónyuges con los hijos que tenga a su cargo.

Una aclaración importante que debe hacerse en estos casos es que cuando se ha establecido la obligación de pagar una pensión de alimentos a los hijos, esta cantidad de dinero no deberá ser considerada ni como ingreso para quien la recibe, ni como gasto para quien la está abonando, por lo que se mantiene al margen de los aspectos fiscales del divorcio. Sin embargo, si existiera una pensión compensatoria adicional para uno de los cónyuges, el monto de ésta sí será incluido como ingreso por quién la recibe y como gasto para quién está obligado a abonarla.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se debe presentar una vez que se haya liquidado el régimen económico matrimonial, cuando a cada uno de los cónyuges se le asigne su patrimonio. Excepto en el caso de la vivienda familiar, dado que esta transmisión queda exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales si se adjudica a uno de los cónyuges.

Todo divorcio produce efectos fiscales, pero existen excepciones. En el caso de que la división del patrimonio entre los cónyuges no sea igualitaria sobre el total del mismo, de existir un exceso de adjudicación en favor de una de las partes, el fisco puede tomarse la atribución de exigir que se tribute esa diferencia como donación, a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Lo mismo ocurre en el caso de que uno de los cónyuges adquiera una parte de un bien del otro, intercambiando la misma por dinero metálico, a través de un precio que se estipulará entre las partes, y sobre el cual luego se tributará por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Finalmente, se debe considerar también el Impuesto sobre el Patrimonio, según el cual una vez producido el divorcio, cada uno de los cónyuges deberá declarar su patrimonio individual a efecto de este impuesto, sin considerar el patrimonio del otro.

¿Qué documentos son necesarios para solicitar el divorcio?

¿Qué documentos son necesarios para solicitar el divorcio?

La solicitud de divorcio, como cualquier otro proceso que conlleve distintos efectos legales, requiere también de la presentación de una serie de documentos que den prueba de que el solicitante está en condiciones de pedir la extinción de la relación matrimonial. La ausencia de alguno de estos documentos, podría resultar justificativo suficiente como para que el divorcio no sea otorgado, de modo que debemos ser realmente cuidadosos.

El primero de los documentos necesarios para una solicitud de divorcio es el certificado de matrimonio, y es que está claro que no puede haber una intención de separarse si no hay un matrimonio previo. Este documento será proporcionado de forma totalmente gratuita por el Registro Civil o Juzgado de Paz de la ciudad en la que se celebró el matrimonio o de la que nos encontremos habitando en ese momento, aunque también existe la posibilidad de solicitarlo a través de la web www.justicia.es. Si no fuera posible dar con él, podremos sustituirlo eventualmente por el Libro de Familia.

Si hubiera hijos producto del matrimonio que ahora se encuentra en proceso de divorcio, también debería presentarse el certificado de nacimiento de cada uno de ellos, que también se puede solicitar de forma gratuita en el Registro Civil o por correo electrónico en la página web www.justicia.es sin ningún tipo de costo.

El Poder General para Pleitos es otra de las documentaciones necesarias. Se trata de una escritura pública en las que cada una de las partes, por separado o juntas en caso de divorcio de común acuerdo, otorgan los correspondientes poderes a su Abogado y a su Procurador, de forma que puedan representarles en las distintas instancias. Este documento sí es de pago, con un coste de entre 30 y 60 euros, y se otorga en cualquiera Notaría, aunque también podemos solicitarlo de forma gratuita en el Juzgado, requiriendo un “apud acta” ante el Secretario Judicial (ahora denominados Letrados de la Administración de Justicia).

A su vez, si uno de los cónyuges considera que está en posición de solicitar no el divorcio sino la nulidad civil como consecuencia de la concurrencia en el otro en alguna de las causas que legalmente dan lugar a esta posibilidad, deberán presentarse también los documentos que acrediten las causas de la posible nulidad.

Opcionalmente, si fueran solicitadas medidas de carácter patrimonial, la parte solicitante deberá entregar todos los documentos que permitan evaluar su situación económica, requiriendo los mismos a través del Juzgado del caso, siendo posible que se exija en ese momento la entrega de un certificado de empadronamiento o residencia acreditativa del domicilio de los cónyuges.

Si se trata de una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, ambos cónyuges deberán redactar, firmar y presentar un documento con todos los acuerdos para regular los efectos del divorcio. se trata del Convenio Regulador.

Evidentemente el trámite de presentación de documentación será mucho más sencillo si se trata de un divorcio de muto acuerdo que de un divorcio contencioso.

¿Qué efectos tiene el divorcio?

¿Qué efectos tiene el divorcio?

El divorcio, como cualquier otro proceso de índole judicial, tiene efectos que se derivan del mismo momento en el que se dicta la sentencia, incluso cuando no haya sido aún notificada a las partes interesadas del proceso. Estos efectos afectan principalmente a los implicados en el proceso de divorcio, pero también pueden afectar a terceros como los hijos, los acreedores, etc.

Una vez disuelto el matrimonio, el efecto inmediato del divorcio tiene que ver con la cesación de todos los derechos y obligaciones que la unión en matrimonio otorgaba a los cónyuges. En efecto, una vez dictada la sentencia, se liquida la sociedad conyugal, cesando derechos y obligaciones como la cohabitación, la ayuda mutua, y otros. Se producen además efectos patrimoniales, motivo por el cual se debe realizar una división de bienes, repartiendo el total del patrimonio conjunto de ambas partes en partes iguales, a menos que exista una voluntad contraria de los dos cónyuges.

Sin embargo, es de vital importancia aclarar que si bien el vínculo entre las partes queda disuelto, no ocurre lo mismo con los derechos y obligaciones que ambas mantienen para con los hijos en común que sean producto del matrimonio celebrado en su momento.

Los principales efectos del divorcio entonces tienen que ver con la cesación de los efectos jurídicos del mismo, de forma que los cónyuges podrán volver a casarse si así lo desean; implicará también la disolución y liquidación de la sociedad conyugal del modo en el que ambos o el Juez lo consideren; el establecimiento de un acuerdo de alimentos entre las partes por medio de un régimen de pensión alimenticia para los hijos; y en caso de que haya dependencia económica de una de las partes, la generación de una pensión compensatoria que puede ser incluso temporal.

A su vez, los ya ex cónyuges rechazan el derecho a la herencia, a la pensión, ni al patrimonio que el otro constituya después de firmado el divorcio.

Tampoco hay que perder de vista que un proceso de estos conlleva gastos económicos inherentes, como los honorarios del abogado, los gastos del proceso o gastos notariales, y una diversidad de impuestos para reajustar la situación patrimonial de los ex-cónyuges de cara a Hacienda.

Conocer todos los efectos y consecuencias que se derivan de un proceso de divorcio, que salvo pequeñas excepciones son las mismas para un divorcio de mutuo acuerdo que para un divorcio contencioso, es vital antes de comenzar un proceso que ya no puede ser vuelto atrás una vez que el juez del caso dicte sentencia sobre el divorcio de los interesados.

En cualquier caso, para resolver cualquiera duda al respecto, los cónyuges cuentan con la asistencia de un Procurador y un Abogado en común en caso de que se trate de un divorcio amistoso, o de dos profesionales por cónyuge cuando estamos hablando de un divorcio contencioso.

Más allá de sus efectos legales, el divorcio posee evidentemente también consecuencias no legales, como la afectación emocional de la que puedan ser objeto los cónyuges o sus hijos.

¿Qué es el divorcio gay?

¿Qué es el divorcio gay?

Tradicionalmente el matrimonio era entendido como la unión entre dos personas con el fin de formar una familia, siendo requisito indispensable que los cónyuges fueran de sexos diferentes.

La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y los cambios sociales y culturales han dado lugar a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, especialmente en la cultura occidental.

España fue uno de los primeros países en legalizar este tipo de uniones, a través de la Ley 13/2005, que modificó el artículo 44 del Código Civil, quedando redactado de la siguiente manera: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

El Código Civil es muy claro a la hora de establecer que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos sean los cónyuges de diferente o del mismo sexo. Lo cual implica que a nivel práctico no existe ninguna diferencia de regulación entre el matrimonio de personas de diferente sexo y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Al no existir diferencias entre ambos tipos de matrimonio esto implica que tampoco hay diferencias en los que se refiere al divorcio. Lo que se conoce como “Divorcio Gay” es en realidad un proceso de divorcio que sigue los mismos trámites que cuando se trata de un divorcio entre personas de diferente sexo.

El “Divorcio Gay” supone la ruptura del vínculo matrimonial establecido entre personas del mismo sexo y da lugar a la desaparición de los derechos y obligaciones que se derivan del matrimonio, generando además efectos patrimoniales.

El proceso de divorcio se inicia mediante la presentación de la demanda ante el órgano judicial competente por razón del domicilio de los cónyuges. A la demanda debe acompañarse el certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil, certificado de nacimiento de los hijos menores de edad (en caso de haberlo), documentos que acrediten las peticiones efectuadas en la demanda o en su defecto un convenio regulador.

El “Divorcio Gay” puede ser contencioso o de mutuo acuerdo. En el caso de un divorcio contencioso cada uno de los cónyuges deberá contratar su propio abogado y procurador y será el juez el que determine a la vista de los hechos y la documentación aportada los efectos que deben derivarse de la ruptura matrimonial.

En el caso de tratarse de un divorcio homosexual de mutuo acuerdo, las partes pueden estar asesoradas y representadas por un mismo abogado y procurador, aunque anda impide que cada uno de los cónyuges cuente con su propia representación legal. En estos casos la demanda se acompañará de un convenio regulador acordado entre las partes que establecerá los efectos que se derivarán de la disolución del vínculo matrimonial. Si el convenio es conforme a la legalidad será ratificado por el juez, en caso contrario se solicitará a las partes que hagan cambios y en su defecto será la autoridad judicial la que regule los efectos del divorcio.

¿Qué es la patria potestad?

¿Qué es la patria potestad?

Muchos padres tienen serias dudas sobre lo qué es la patria potestad y las obligaciones que ello conlleva como progenitor. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 347 la define de la siguiente manera:

Se entiende por Patria Potestad el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas.

La patria potestad siempre se deberá ejercer en beneficio de los hijos y entre los deberes de los progenitores de los menores se encuentra la obligación de estar con ellos, de alimentarlos, de protegerlos, de cuidarlos, de educarlos, de brindarles una formación completa y adecuada, de representarlos legalmente, así como de administrar sus bienes. De hecho, la patria potestad es personal e intransmisible, ya que son los padres quienes deberán ejercerla, exceptuando en aquellos casos en los que la propia ley los excluya de su ejercicio.

Los padres están obligados a cumplir con todas y cada una de estas obligaciones. Es decir, que la patria potestad se funda básicamente en las relaciones naturales paterno filiales que existen por el simple hecho de ser su progenitor, independientemente de que los hijos hayan nacido dentro del matrimonio o fuera del mismo.

Ambos padres deben ejercer su papel como progenitor, deben cumplir todo lo que regula la patria potestad, y ambos progenitores tienen los mismos derechos para llevar a cabo este ejercicio. Destacar que cualquiera de los progenitores podría ser privado de la patria potestad en el caso de incumplir con los deberes correspondientes y siempre que exista una sentencia judicial, tal y como indica el artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su Capítulo II.

También es posible perder la patria potestad cuando la conducta de los progenitores ponga en peligro la formación de los menores o menores con alguna discapacidad, o bien cuando se les trate con una dureza excesiva, como por ejemplo fuertes castigos físicos o cualquier tipo de acto que suponga abuso de autoridad o crueldad para los hijos.

La patria potestad queda extinta en los siguientes supuestos: emancipación de los hijos, fallecimiento de los progenitores, adopción del hijo, o bien por sentencia judicial. En aquellos casos en los que el hijo sufra de alguna incapacidad mental, la patria potestad se prorroga. El hecho de perder la patria potestad no exime de la obligación de abonar la pensión alimenticia a los menores.

¿Qué es la pensión compensatoria?

¿Qué es la pensión compensatoria?

Después de que se produzca una separación o un divorcio, pueden darse determinados casos en los que sea necesario establecer una pensión compensatoria para poder equilibrar la situación económica de aquel cónyuge que queda más desfavorecido tras la ruptura matrimonial.

No es raro que, en muchas ocasiones, se confunda la pensión de alimentos con la pensión compensatoria, pero hay que señalar que son conceptos totalmente diferentes. La pensión compensatoria se establece, de manera judicial, para poder reparar aquel desequilibrio económico que puede llegar a ocasionar la ruptura matrimonial en uno de los dos cónyuges.

El artículo 97 del Código Civil establece que “El cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.” La pensión compensatoria se constituye para poder compensar, a modo de ejemplo, la dedicación al cuidado de la vivienda y de la familia de uno de los cónyuges a lo largo del matrimonio o bien su colaboración en la actividad, ya sea profesional o empresarial del cónyuge.

Cabe señalar que la cantidad de la pensión compensatoria será fijada por el juez en función de los ingresos, así como en función de los bienes de la persona que debe abonarla. Al contrario de lo que ocurre en otros países de Europa, la legislación española no cuenta con ningún baremo obligatorio al que el juez deba ajustarse a la hora de establecer la pensión compensatoria en cada caso concreto. De modo que se fijará la cantidad a satisfacer conforme a su criterio, siempre y cuando se encuentre dentro de los márgenes de la ley.

Cabe señalar que la pensión compensatoria no es compatible con la pensión de alimentos. Existen diferentes criterios que fija la legislación vigente para poder valorar dicho desequilibrio económico y conseguir que se conceda una pensión compensatoria: edad y estado de salud de los cónyuges, dedicación presente y futura a la familia, aquellos acuerdos o pactos que hayan alcanzado los cónyuges, los medios económicos de cada cónyuge, etc.

Señalar que la obligación a pagar la pensión compensatoria cesa cuando el cónyuge que la percibe contrae nuevo matrimonio o bien convive maritalmente con otra persona (destacar que en estos casos la convivencia debe ser habitual, gozando de las características tanto afectivas como económicas que sean comunes de un ambiente familiar).

¿Qué es un convenio regulador y que contenido debe tener?

¿Qué es un convenio regulador y que contenido debe tener?

Cuando una crisis matrimonial desemboca en un divorcio la pareja tiene dos opciones, escoger la vía judicial y seguir los trámites del divorcio contencioso o bien escoger la vía amistosa y optar por un divorcio exprés que siempre es más rápido, más sencillo, más económico y menos doloroso para todos los implicados en el proceso.

Una de las principales diferencias entre un divorcio contencioso y un divorcio de mutuo acuerdo es que en este segundo caso los efectos de la disolución matrimonial se rigen a través de un documento elaborado de común acuerdo por las partes y que posteriormente deberá ser aprobado por el órgano judicial competente.

El convenio regulador es por tanto un acuerdo alcanzado de forma bilateral entre los cónyuges. El documento expresa libremente su voluntad de poner fin al matrimonio y regula todas las consecuencias que se produzcan a raíz de esa disolución matrimonial: reparto de los bienes comunes, guarda y custodia de los hijos, pensión de alimentos y todos aquellos aspectos que sean importantes.

El convenio regulador lo negocian ambas partes con el asesoramiento de un abogado que hayan contratado de forma conjunta o bien con la mediación de los abogados que haya contratado cada uno de ellos.

Sobre el contenido del convenio regulador nuestro Código Civil establece que el mismo deberá hacer referencia al menos a:

  • Uso y disfrute de la vivienda y el ajuar familiar.
  • Guarda y custodia de los hijos menores de edad, ejercicio de la patria potestad, régimen de visitas y de comunicación y estancia con los hijos del progenitor que no tenga la custodia.
  • Régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos (si se estima necesario).
  • Contribución a las cargas del matrimonio. Este apartado incluye cuestiones como la pensión de alimentos para los hijos, contribución a los gastos de la vivienda familiar (IBI, seguros, etc.) y otras cuestiones de aspecto económico relacionadas con las cargas que tengan obligación de soportar ambas partes de la pareja.
  • Liquidación del régimen económico matrimonial (si procede).
  • Pensión que debe abonar un cónyuge al otro (si procede).

Cuando se trata de un divorcio de mutuo acuerdo el convenio regulador debe acompañar necesariamente a la demanda en el momento de presentarse la misma ante el órgano judicial competente.

El juez comprobará si el convenio es conforme a la legalidad vigente y tras informar al Ministerio Fiscal, si hubiera hijos menores de edad, procederá a decidir sobre la aprobación o no del convenio.

Si todo es correcto el convenio será ratificado a través de la sentencia que dictamine a la vez el divorcio. Si hay aspectos que deban modificarse, el juez lo indicará a las partes para que alcancen un nuevo acuerdo y en su defecto será el propio magistrado el que solventará las carencias detectadas en el convenio presentado.

El convenio regulador aprobado por el juez podrá ser modificado judicialmente en un momento posterior si hubiera un cambio significativo en las circunstancias que dieron lugar a la adopción de ese acuerdo.

¿Qué son las cargas del matrimonio?

¿Qué son las cargas del matrimonio?

Las cargas matrimoniales o cargas del matrimonio son gastos que se producen tanto durante la duración del matrimonio como después de que se produzca el divorcio entre los cónyuges. Dichos gastos matrimoniales han de ser sufragados por ambas partes según sus posibilidades.

En el artículo 1362 del Código Civil español, en su Capítulo IX, Sección Tercera, menciona que los cónyuges, siempre y cuando se encuentren en régimen de bienes gananciales y no en régimen de separación de bienes, deberán hacerse cargo de los gastos que se originen por alguna de las siguientes causas:

  1. El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia. La alimentación y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges correrá a cargo de la sociedad de gananciales cuando convivan en el hogar familiar. En caso contrario, los gastos derivados de estos conceptos serán sufragados por la sociedad de gananciales, pero darán lugar a reintegro en el momento de la liquidación.

  2. La adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes.

  3. La administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges.

  4. La explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge.

Es decir, que la separación o divorcio con gananciales, conlleva una serie de gastos o cargas matrimoniales a los cuales se deberá hacer frente. Las cargas del matrimonio, tal y como indica la legislación vigente, están compuestas por gastos del domicilio familiar, gastos derivados de la titularidad de la vivienda (hipoteca), obligaciones alimenticias entre cónyuges y de los hijos (pensión alimenticia), así como lo que se conoce como “litis expensas”, o lo que es lo mismo, la cantidad de dinero necesaria para gastos judiciales al que tiene derecho el cónyuge que no tenga la posibilidad de abonar los honorarios de un abogado ante un proceso de divorcio deberán ser abonados por el cónyuge que tenga mayor poder económico y pueda afrontar el coste, evitando dejar indefensa a la otra parte.

A todo ello hay que sumarle que dentro de las cargas del matrimonio tampoco hay que olvidar hacer mención de aquellos ingresos y gastos que procedan directamente de los negocios o actividades de ambos cónyuges.

En cuanto a la pensión alimenticia de los hijos se refiere, en el Código Civil queda perfectamente reflejado que en este aspecto no basta con dar a los hijos lo básico para que subsistan, sino que resulta esencial ofrecerles todo lo necesario para lograr que su nivel de vida siga manteniéndose igual aun después del divorcio.

¿Quién puede solicitar el divorcio?

¿Quién puede solicitar el divorcio?

Puede parecer la pregunta con la respuesta más sencilla del mundo, y sin embargo está claro que para muchos españoles y españolas, el saber quién se encuentra en condiciones de solicitar un divorcio es el primer paso para disolver el vínculo matrimonial que mantienen.

En líneas generales, hay que decir que el divorcio puede ser solicitado por uno de los cónyuges de forma unilateral, en este caso comenzará el proceso como un divorcio contencioso. Pero el divorcio también puede ser pedido por ambos cónyuges o por uno con consentimiento del otro, que suele ser lo más común en los procesos de divorcio de muto acuerdo.

En el primero de los casos sólo hace falta que el cónyuge interesado en pedir el divorcio presente una demanda ante el Juzgado o Tribunal que corresponda en función del su domicilio. La demanda debe solicitar la disolución del vínculo matrimonial mediante sentencia y debe incluir una petición de los derechos y obligaciones que se considera que esa resolución debería otorgar a cada una de las partes.

En el segundo de los casos, ambos cónyuges pueden acudir al Tribunal juntos, o al menos uno de ellos con el consentimiento del otro, adjuntando a la demanda de divorcio una propuesta de Convenio Regulador en el que se recojan todos los efectos propios del divorcio. Efectos que deberán ser evaluados por el Juez para su posible aceptación o denegación.

Más allá de eso, no se puede desconocer que el hecho de que ambos cónyuges estén de acuerdo en separarse no siempre significa que se asista a un divorcio de mutuo acuerdo. Lo que ocurre es que ese tecnicismo de nombrarlo “de mutuo acuerdo”, hace referencia a los acuerdos en relación con los efectos del divorcio, no a la intención de divorciarse. Si hubiera diferencias en cualquiera de los efectos que el divorcio genera, un Juez debería intervenir en la causa, dictando una sentencia en consideración a la información que ambas partes le hayan ofrecido, y entonces será un divorcio contencioso, aunque ambos cónyuges hubieran querido poner fin a su matrimonio.

La regulación del proceso de divorcio en los últimos años ha cambiado para hacerse más flexible y más adecuada a la realidad social. Con anterioridad si uno de los cónyuges pedía el divorcio y el otro se oponía, el proceso podía alargarse durante años, pero esa situación ahora ya no es posible.

Nuestra legislación actual establece que basta con que una de las partes solicite el divorcio para que se inicie el proceso de disolución del vínculo matrimonial, no pudiendo alegar la otra parte que no quiere divorciarse.

A fin de agilizar el proceso y para que ninguna de las partes pueda oponerse a la petición de divorcio presentada por la otra, se han eliminado de nuestra legislación las causas de divorcio. Ahora no es necesario que la parte que solita el divorcio argumente los motivos por los que solicita el mismo.

De esta forma se consigue que el trámite de divorcio sea más rápido y a la vez más discreto, ya que ninguna de la partes tendrá que exponer su intimidad en un Tribunal.

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