El padre que no tiene la guarda y custodia de los niños.
La crisis económica actual ha generado un sinfín de situaciones de cambio profundo en la situación económica de muchas familias, situaciones que suelen ser dolorosas donde millones de personas han perdido su empleo, y la clase media va desapareciendo. Es por ello que aquellos progenitores que no tienen la custodia de sus hijos, y que en su momento acordaron el pago de una pensión de alimentos en un determinado contexto económico más favorable, cuando las circunstancias cambian radicalmente, este progenitor puede solicitar que también cambie la prestación acordada en su momento y se adapte a la realidad actual más desfavorable, es decir, si va mal para uno, el resto tienen que verse también afectados en mayor o menor medida. Es lo que se conoce judicialmente como una “modificación de medidas”.
El artículo 93 del código civil establece que el juez establecerá en cada momento la contribución que cada progenitor debe efectuar para satisfacer los alimentos de los hijos comunes, adaptándose a las circunstancias económicas y necesidades de cada momento, es decir tiene que conjugar las necesidades de quien recibe los alimentos con la capacidad de quien deba darlos, cuya apreciación corresponde al prudente arbitrio del juez, y éste actuará de acuerdo con un principio que es la preeminencia del interés del menor, por lo tanto las necesidades de este estarán por encima incluso de la satisfacción de sus propias necesidades.
Teniendo claro lo precedente hay que preguntarse en qué cantidad puede establecerse la pensión de alimentos que debe prestar el progenitor que no tiene la guardia y custodia de los hijos menores de edad, en aquellos casos en que se encuentra en situación de desempleo, sin ingresos, cobrando pensiones mínimas… etc., una situación que por desgracia actualmente es muy habitual, y la respuesta, de conformidad con lo expuesto, es que esta pensión debe guardar lo que se considera “un mínimo vital”.
Según la jurisprudencia, el “mínimo vital”, es la cantidad mínima para garantizar la supervivencia de los hijos menores de edad en condiciones mínimamente dignas, garantizando el desarrollo físico, intelectual y emocional, es decir comida, vestido, educación, aseo, habitación, ocio… etc. del hijo menor.
Fuera de los casos de imposibilidad absoluta como podría ser la indigencia o reclusión en centro penitenciario, si el obligado a prestar la pensión se encuentra en edad laboral y tiene aptitud para trabajar, sin sufrir ninguna discapacidad importante, su cantidad dependería, como hemos dicho, del prudente arbitrio del juez, contemplándose mínimos, dependiendo del lugar, de entre 60 a 180 euros mensuales.
Si bien ambos progenitores deben contribuir a la manutención de los hijos , esta pensión de alimentos sólo se contempla para que el progenitor que no tiene a sus hijos en custodia, y esta pensión a veces reviste un carácter puramente simbólico, con el fin de recordar mensualmente al progenitor que debe prestar dicha pensión, y que el importe tan bajo es puramente provisional, estando a la espera de que mejore su fortuna económica.
En el momento en que esta situación provisional de insolvencia se solucione, supuestamente el propio progenitor debería informar de ello al juez para pedir volver a pagar más, aunque ello evidentemente no ocurre nunca, así que le toca al padre que tiene la guarda y custodia reclamarlo, extrajudicialmente si el acuerdo es posible, o judicialmente cuando no haya posibilidad de entendimiento entre los padres.
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